Caso de éxito: el TSJ de Cataluña anula una liquidación y su sanción y Hacienda deberá devolver 1,2 millones de euros

El equipo de litigación tributaria de Grupo JDA ha obtenido una sentencia estimatoria del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que anula una liquidación tributaria y su sanción por motivos de procedimiento. Como resultado, Hacienda deberá devolver a nuestro cliente 1,2 millones de euros, más los intereses de demora.

La sentencia es relevante más allá de este caso, porque recuerda dos límites que la Administración tributaria debe respetar cuando una primera liquidación o sanción ha sido anulada: los plazos para rehacer las actuaciones y la prohibición de sancionar dos veces por los mismos hechos.

Qué ocurrió: una liquidación anulada que Hacienda volvió a dictar fuera de plazo

El caso parte de una liquidación y una sanción que el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña (TEARC) anuló por defectos formales. Al hacerlo, ordenó la retroacción de las actuaciones: es decir, que la Inspección volviera al momento en que se produjo el defecto y rehiciera el procedimiento a partir de ahí.

Tras esa resolución, la Administración dictó una nueva liquidación y, en lugar de limitarse a recalcular la sanción anulada, inició de nuevo las actuaciones inspectoras y tramitó un nuevo procedimiento sancionador que terminó con otra sanción.

Nuestro equipo recurrió ambas decisiones ante el TSJ de Cataluña, que nos ha dado la razón en los dos frentes.

Primer límite: las demoras de la Administración tienen consecuencias

El plazo para rehacer las actuaciones

Cuando un tribunal económico-administrativo anula una liquidación por defectos formales y ordena la retroacción, el artículo 150.7 de la Ley General Tributaria fija un plazo máximo para que la Inspección termine las actuaciones: el que quedaba del plazo original o seis meses, si este es mayor. Ese plazo se cuenta desde que el órgano encargado de ejecutar la resolución recibe el expediente.

El retraso interno también cuenta

En este caso, la resolución del TEARC se notificó a nuestro cliente de forma prácticamente inmediata, pero tardó más de dos meses en llegar al órgano de la propia Administración que debía ejecutarla. La cuestión era si ese tiempo debía contar dentro del plazo de seis meses.

El TSJ lo rechaza. Siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo, entiende que el hecho de que distintos órganos de la Administración tengan funciones diferentes no puede convertir su organización interna en una forma de ampliar el plazo legal. Todos actúan dentro de una misma Administración, y su funcionamiento interno no puede proporcionarle un tiempo adicional en perjuicio del contribuyente.

La consecuencia: la prescripción

Sumando el retraso injustificado en la comunicación interna y el tiempo que la Inspección dedicó después a ejecutar la resolución, transcurrieron 220 días, claramente por encima de los seis meses legales. Al superarse ese plazo, las actuaciones de la Inspección perdieron su efecto interruptor de la prescripción. Cuando se dictó y notificó la nueva liquidación, el derecho de Hacienda a liquidar el impuesto ya había prescrito, por lo que el Tribunal la anula y, con ella, la sanción que dependía de ella.

Segundo límite: el principio non bis in idem impide sancionar de nuevo

Qué dice el Tribunal Supremo

El principio non bis in idem prohíbe castigar dos veces a una misma persona por los mismos hechos. En su dimensión procedimental, impide además someterla a un segundo procedimiento sancionador por esos mismos hechos.

El Tribunal Supremo lo ha aplicado recientemente a las sanciones tributarias. Desde su Sentencia 42/2024, de 15 de enero, y en las posteriores 927/2025, de 7 de julio, y 975/2025, de 15 de julio, ha establecido que, cuando una sanción se anula como consecuencia de la anulación de la liquidación de la que trae causa, la Administración no puede iniciar un nuevo procedimiento sancionador ni imponer una nueva sanción por los mismos hechos.

Por qué la nueva sanción no era una simple adaptación

La jurisprudencia admite que, tras la anulación, la Administración adapte la cuantía de la sanción al resultado de la nueva liquidación, siempre que se trate de un acto de estricta ejecución. Pero en este caso Hacienda fue más allá: volvió a iniciar las actuaciones inspectoras, tramitó un nuevo procedimiento sancionador y dictó una nueva sanción.

El TSJ concluye que, aunque la finalidad fuera recalcular la sanción, la Administración asumió las consecuencias jurídicas de haber tramitado un nuevo procedimiento. Y una interpretación garantista, exigible en materia sancionadora, obliga a atender al procedimiento realmente seguido. Por eso, aunque la liquidación no hubiera prescrito, la sanción también debía anularse.

Qué significa esta sentencia para empresas y contribuyentes

La sentencia confirma que los plazos y las garantías del procedimiento no son meros formalismos: son límites efectivos a la actuación de la Administración y una parte esencial del derecho de defensa. En la práctica, deja varias lecciones:

• Una anulación no da a Hacienda un plazo abierto. Tras una resolución favorable, conviene controlar cuándo se notificó, cuándo llegó el expediente al órgano de ejecución y cuándo se dictó el nuevo acto.
• Los retrasos internos de la Administración no corren en contra del contribuyente. El tiempo que tarda una resolución en pasar de un órgano a otro cuenta dentro del plazo legal.
• Superar el plazo puede llevar a la prescripción. Si la ejecución se alarga más de lo permitido, las actuaciones pierden su efecto interruptor y la deuda puede quedar prescrita.
• Tras anular una sanción, Hacienda no puede abrir otro procedimiento sancionador por los mismos hechos. Solo puede adaptar la cuantía como acto de ejecución.

Por eso, ante una regularización tributaria, en Grupo JDA revisamos tanto el fondo de la liquidación como el cumplimiento de cada regla del procedimiento. A menudo, es ahí donde se decide el resultado.

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Preguntas frecuentes

¿Qué es la retroacción de actuaciones?

Es la orden que da un tribunal económico-administrativo o judicial, al apreciar un defecto formal en el procedimiento, para que la Administración vuelva al momento en que se produjo y rehaga las actuaciones desde ahí.

¿Cuánto tiempo tiene Hacienda para ejecutar una resolución que ordena la retroacción?

El artículo 150.7 de la Ley General Tributaria le concede el tiempo que quedaba del plazo original del procedimiento o seis meses, si este es mayor, contados desde que el órgano encargado de la ejecución recibe el expediente.

¿Qué pasa si Hacienda supera ese plazo?

Las actuaciones realizadas pierden su efecto interruptor de la prescripción. Si, cuando se dicta la nueva liquidación, ya han transcurrido los plazos de prescripción, el derecho de Hacienda a liquidar se habrá extinguido.

¿Puede Hacienda imponer una nueva sanción tras anularse la primera?

Según la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo, no puede iniciar un nuevo procedimiento sancionador por los mismos hechos. Solo puede adaptar la cuantía de la sanción anulada mediante un acto de estricta ejecución.

¿Qué es el principio non bis in idem?

Es la garantía que impide sancionar dos veces a una persona por los mismos hechos y, en su vertiente procedimental, someterla a un segundo procedimiento sancionador por ellos.

Defiende tus derechos ante la Administración tributaria

Si has recibido una liquidación o una sanción, o Hacienda ha rehecho un procedimiento tras una anulación, revisar los plazos y las garantías puede cambiar el resultado. El equipo de litigación tributaria de Grupo JDA analiza tu caso, desde el fondo de la regularización hasta cada paso del procedimiento.

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