Hacienda pone el punto de mira en las transacciones de criptomonedas

Actualmente podríamos afirmar que estamos en plena fiebre de las criptomonedas. Todos tenemos amigos o conocidos que han invertido en criptomonedas, algunos invierten una pequeña cantidad y otros han invertido gran parte de sus ahorros, pero son muchos los ciudadanos españoles que se han decidido por tal inversión. Según datos de ING, en España existen más de 4 millones de inversores de este tipo de activos.

Aunque este tipo de activo ha experimentado un auge sin parangón, en la actualidad no existe una legislación específica. La operativa más extendida en este tipo de activo es la compraventa tal y como podemos hacer con divisas, participaciones, acciones… Cada vez que realizamos una venta o las canjeamos por otro tipo de moneda generamos una ganancia o perdida patrimonial que deberemos declarar en el Impuesto sobre la renda de ese año, y tributará por la escala de ahorro tal y como así lo estipula el artículo 33 de la Ley 35/2006 del IRPF.

El problema para la Agencia Tributaria Española y las agencias gubernamentales en general es la supervisión del cálculo de tales ganancias patrimoniales porque carece de acceso a la información sobre muchas de estas transacciones. Hoy en día, aunque la administración tributaria goza de una gran cantidad de recursos tecnológicos y legislativos para acceder a nuestros datos económicos, en este sector tiene muchas carencias por lo que podríamos afirmar que para recaudar impuestos acerca de este tipo de ganancias dependen en gran parte de la buena fe de los contribuyentes.

Con el ánimo de solventar estas carencias, la administración tiene como objetivo en estos próximos años incrementar el acceso a la información para poder controlar las operaciones y en consecuencia controlar que todas ellas se declaren correctamente. El mecanismo para aumentar tal acceso será una nueva legislación que permita obligar a las personas físicas y jurídicas que se dediquen tanto a la compraventa como a la custodia de criptoactivos a informar las operaciones que realicen sus clientes e informar de los saldos que sus clientes tengan en sus monederos virtuales. La operativa seria similar a la que realizan los bancos actualmente.

Desde mi punto de vista, el hecho de que la administración estreche el cerco sobre las criptomonedas y legisle nuevas normativas especificas para las criptomonedas, no solamente debe tener por objetivo augmentar el acceso a la información para las administraciones, sino que también debe proteger al ciudadano dotando al sector de una seguridad jurídica para todos aquellos inversores frente a toda clase de estafas que están surgiendo a raíz de este tipo de inversión.

El hecho de que este tipo de inversión utilice una tecnología que dificulte el rastreo por parte de órganos gubernamentales obviamente resulta goloso si no tienes intención de declararlo al fisco, pero hemos de ser conscientes que es un arma de doble filo porqué el hecho de invertir dinero en activos no regulados por ningún ente también implica que estaremos descubierto frente a todo tipo de estafas.

Cualquier persona con un smartphone puede descargarse una aplicación e invertir en criptomonedas en cuestión de minutos y eso es extremadamente peligroso. Personalmente creo que la mayoría de los inversores no son conscientes del riesgo que están tomando. La mayoría de los pequeños inversores no tienen ni conocimientos en finanzas, ni conocimientos técnicos en el tema, de hecho, muchos de los “asesores” en la materia que realizan cursos on-line o graban videos que cuelgan en las redes sociales lamentablemente tampoco tienen dichos conocimientos y en consecuencia muchas de las inversiones se acaban asimilando más a un juego de apuestas que a una inversión financiera como tal.

En nuestro día a día recibimos un constante bombardeo de publicidad acerca de este tipo de activos por distintos canales como Twiter, Instagram, radio, televisión etz y esto entiendo que se deberia regularizar por el bien de los ciudadanos. Los inversores deben entender que es muy importante el asesoramiento profesional y cualificado al igual que lo es en otro tipo de activos financieros.

A mi entender este tipo de activos cripto posiblemente sean el futuro, pero por el bien de todos debe tener una normativa tributaria propia y una legislación que nos garantice una mínima protección a los ciudadanos.

 

Daniel Piedra

JDA/SFAI



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